BUENOS AIRES.- A pesar de que la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cultiva el "perfil bajo", por estas horas todos los ojos apuntan a ellos, ya que deben decidir sobre la constitucionalidad de la ley (número 26.855) que modificó el Consejo de la Magistratura y la convocatoria a la "elección popular" de todos sus miembros. Desde ayer a la mañana el expediente está en sus manos; y se especula que se expedirán antes del comienzo del fin de semana largo, que arranca el jueves. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por lo pronto, ha avalado la convocatoria electoral.

La funcionaria dictaminó a favor de la elección popular y la nueva integración del Consejo de la Magistratura y le pidió a la Corte Suprema que acepte el per saltum planteado por el Gobierno nacional contra los fallos adversos a la norma.

Para Gils Carbó, la elección y el incremento de consejeros del sector académico (pasan de 13 a 19) "vienen a reglamentar el artículo 114 de la Constitución Nacional de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático, y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de Gobierno".

En su dictamen, la titular del Ministerio Público Fiscal entendió que la ley de elección popular de los consejeros es adecuada para lograr "los fines de desalentar que intereses sectoriales o corporativos puedan prevalecer en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía anteriormente para la elección de los consejeros", publicó la agencia Télam.

La Procuradora -que adhiere al Gobierno y es una de las líderes de la agrupación oficialista "Justicia Legítima"- sostuvo que "la voluntad del constituyente ha sido delegar en el Congreso la determinación del sistema de elección de los miembros del Consejo, así como del número de representantes de cada estamento que lo compone", remarcó.

Otro revés "K"

El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, sumó otro revés judicial al Gobierno, al emitir un segundo fallo que declaró inconstitucional la elección popular de consejeros. El magistrado determinó, a raíz de una denuncia formulada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la inconstitucionalidad de la norma. Furnari entendió que no sólo son inconstitucionales los artículos 2°, 4°, 18° y 30° de la Ley 26.855, sino también el 6° y el 8°. Antes del fallo de la jueza María Servini de Cubría, del viernes 7 del corriente, Furnari había dictado una cautelar para suspender la participación de abogados y jueces en las elecciones internas (PASO) del 11 de agosto y en las generales del 27 de octubre. 

Servini de Cubría consideró que la "elección popular" viola el artículo 114 de la Constitución, que establece que la integración del organismo debe respetar el "equilibrio" entre sus pares y que la elección de esos estamentos es entre sus pares.

Actos incompatibles

Por otra parte, la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) presentará hoy un pedido de juicio político contra Gils Carbó. "La Procuradora ha cometido actos incompatibles con su función primordial, de promover la actuación de la Justicia en defensa de la 'legalidad' de los intereses generales de la sociedad, en 'coordinación' con las demás autoridades de la República", afirmó Carrió.

La legisladora agregó que Gils Carbó es "un ariete del Gobierno nacional en la grave alteración al orden constitucional, que afecta el orden democrático y elimina de hecho el sistema republicano de gobierno en Argentina".

Para la diputada nacional, "la ley que reforma el Consejo de la Magistratura representa el fin de la independencia de la magistratura y el sistema republicano de gobierno, y un quebrantamiento del equilibrio entre los estamentos a los que la Constitución nacional otorga representación".

También señaló que es, además, un "intento de subvertir el orden constitucional en desmedro de la independencia del Poder Judicial, configuración final de una grave alteración del orden constitucional que afecta el orden democrático". (DyN-Télam)

"¡Que Dios nos libre si la oposición es alternativa de poder!"

BUENOS AIRES.- El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, reclamó que "las elecciones del Consejo de la Magistratura sean aplicadas en toda su intensidad", a pocas horas de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema, y advirtió que "lo que vivimos en 2001 será un cuento de hadas al lado de lo que harían si gana" la oposición. "Con el tema de la reforma judicial, vemos cómo se vapulea el concepto de soberanía popular. Por eso, que en las elecciones del Consejo sea aplicada en toda su intensidad", expresó en la Casa de Gobierno durante un acto en el que anunció obras públicas para intendencias de la provincia de Misiones.

El pronunciamiento del ministro se produjo en la misma dirección de las declaraciones del presidente del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Ángel Pichetto, quien expresó que "la Corte no es un suprapoder y tiene que ejercer con prudencia y responsabilidad".

De Vido aseguró que la presidenta, Cristina Fernández, "es la única garantía de continuidad del modelo nacional y popular, para que siga profundizándose" y que a ella "la agravian por las escuelas, por la Asignación Universal".

El titular de Planificación Federal expresó que "como contraparte, esta política tiene a aquellos que se unen desde el espanto", cuyo "único discurso es el antimodelo, antiproyecto, caracterizándolo en la figura de la Presidenta". Avanzó contra la oposición, a la que definió como "esquema de espanto" e ironizó con que "ni siquiera ellos se ponen de acuerdo". "¡Dios nos libre de que fueran alternativa de poder en algún momento!", exclamó.

Dijo que las elecciones son "importantísimas, porque hacen a la profundización del modelo o a entregarlo a sectores reaccionarios para que lo liquiden". Objetó enseguida al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sin nombrarlo, al acusar a "aquellos que remueven hospitales y reprimen a los enfermos". (DyN)